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Por incumplir medidas de seguridad en el estadio Monumental, lo que derivó en la muerte de Gonzalo Saucedo, el fiscal Gustavo Galante pidió que se revoque la Probation con la que se los benefició al Presidente de River y a otros 8 miembros de la Comisión Directiva, entre los que figuran Turnes y Solassi, los vices, tras los incidentes por el descenso "millonario". La pena, en caso de ser hallados culpables, es de hasta 60 días días de arresto

El fiscal penal, contravencional y de faltas porteño, Gustavo Galante pidió a la justicia que el presidente de River, Daniel Passarella, y ocho dirigentes de la comisión directiva del club vayan a juicio por incumplir con medidas de seguridad en el estadio Monumental.

Fuentes judiciales confirmaron que Galante pidió que se le revoque a Passarella y los dirigentes la “probation” con la que habían sido beneficiados para evitar el juicio porque no cumplieron con las medidas a que se habían comprometido tras los incidentes ocurridos en junio del año pasado con motivo del descenso a la B Nacional.

Los acusados se habían comprometido en abril pasado a realizar una serie de reformas y tomar medidas de prevención en el estadio, sin embargo, tras la muerte de Gonzalo Saucedo, apuñalado en la popular local el 10 de junio pasado, el fiscal comprobó que una parte de lo acordado no se había cumplido, por lo que le pidió a la jueza penal María Alejandra Dotti que les revoque la probation y los envíe a juicio.

Las fuentes explicaron que la jueza deberá fijar una audiencia para que los acusados expliquen por qué no cumplieron con la probation y luego resolver si los envía a juicio.

Además de Passarella, están acusados los vicepresidentes, Diergo Turnes y Omar Solassi, el secretario Daniel Bravo, el secretario de actas Carlos Alberto Mosquera, el tesorero Luis Renzi, el gerente general del estadio Cristian Francisco, el jefe de seguridad del club, Luis Delaico, y el delegado de seguridad, Gustavo Quinteros.

Están acusados de violar el artículo 96 del Código Contravencional que castiga a “quien omite los recaudos de organización o seguridad” en eventos masivos con hasta 60 días de arresto en caso que haya “desórdenes, aglomeraciones o avalanchas”.

Las fuentes explicaron que la Justicia determinó que River no informó sobre las empresas de seguridad privada que contrató, no cumplió con lo referente al labrado de actas después de los partidos para dejar constancia de lo ocurrido en los encuentros y siguió permitiendo que haya público en los pasillos y escaleras del estadio.

Fuente: Playfutbol

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